Proceso contra Orlando Barrantes

El próximo lunes 22 de febrero de 2010 se inicia el sexto proceso en su contra en el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Guápiles.
ESTE PROCESO NO ES UN ERROR, ES UN HORROR.

En materia penal se debe individualizar y demostrar sin mayor asomo de duda la participación del acusado en los hechos que se le imputan para poder condenarlo. Si esta máxima jurídica es cierta, este proceso contra Orlando Barrantes es un horror judicial, y debe de llamar la atención nacional e internacional porque Costa Rica se promociona como una de las democracias más consolidadas del mundo. La Fiscalía General de República y la Corte Suprema de Justicia están en el deber de dar seguimiento hasta el final a este proceso porque aquí se está frente a denuncias mal fundamentadas, procesos de recolección de pruebas ilegítimos, procedimientos de reconocimientos inexistentes y una cadena de desaciertos que no concuerdan con el objetivo de buscar la justicia pronta y cumplida.

El sistema judicial muestra fallas históricas irreparables. El caso más sonado es el del laureado escritor nacional José León Sánchez, quien fue acusado de un grave delito en 1952, pasó más de veinte años en la cárcel y no fue sino hasta 1999 que la Corte Suprema de Justicia dictó una resolución en donde lo absuelve de toda pena y responsabilidad.

En el caso de Orlando Barrantes, la Fiscalía utiliza en su denuncia términos que denotan una clara intención política para desacreditar ante los ojos de los jueces la figura de Orlando Barrantes. Así, pretende lanzar una cortina de humo contra la verdadera acusación, en cuyos hechos concreto Orlando Barrantes no tuvo absolutamente ninguna participación. Hay que leer esa denuncia. Está escrita bajo una intensa movilización social y los fiscales acusadores pierden la objetividad e intentan fundamentarla con criterios políticos. El OIJ nunca desarrolló ninguna investigación. Las pruebas son manipuladas como en el caso del vídeo o del todo falsas como la declaración de jefes y abogados policiales y un artículo de prensa.
Otras declaraciones de la jerarquía del Ministerio de Seguridad Pública de San José y del Ministerio de la Presidencia, que exoneran a Orlando Barrantes de cualquier responsabilidad, nunca ha sido tomadas en cuenta ni por la Fiscalía ni por los jueces. Porqué razón?.

El proceso judicial se abrió en diciembre de 2000, un año particularmente activo en movilizaciones sociales. En abril de ese año el pueblo costarricense salió a la calle a detener el llamado Combo del ICE, un intento de privatizar una de las instituciones que más progreso y desarrollo ha llevado al país y comunidades pobres en particular. Fue la movilización más grandes desde los tiempos en que los estudiantes se lanzaron a la calle a detener el contrato que le daba a la empresa norteamericana la explotación y exportación del aluminio del Valle de El General, ALCOA, 1970). Luego se sucedieron más reclamos ciudadanos en el transcurso del año.
Incluso, en un hecho que pareciera nadie recuerda, y menos la Fiscalía, un mes antes de lo sucedido en Guápiles, agricultores de la zona se enfrentan con la policía antimotines en Guácimo. Los agricultores reclamaban el pago de pérdidas por inundaciones en sus cosechas, compromiso asumido por el gobierno pero no cumplido.
Ese enfrentamiento creó fuertes rencores y animadversión por el excesivo uso de la fuerza represiva.

Para diciembre de 2000, el gobierno tenía probablemente muy presente hechos como los anteriores. Particularmente el jefe de la policía en Limón sentía que tenia cuentas pendientes con los agricultores. Un grupo exferrocarrileros, exmuelleros, transportistas, campesinos y trabajadores bananeros acuden al llamado de la Federación de Trabajadores Limonenses (FETRAL) para manifestarse solicitando que, en cada caso, el gobierno cumpla acuerdos y compromisos previamente adquiridos. Los manifestantes aparecen en las vías públicas Guápiles, Siquirres y Limón centro. Se producen enfrentamientos entre estos y los policìas antimotines. En Guápiles la refriega es lamentablemente muy intensa, y en medio de la trifulca, un grupo de personas, en forma espontánea y al calor de los enfrentamientos, aparentemente retiene a unos policías que al final de la tarde regresan a sus labores.

Este hecho lo califica la Fiscalía como Secuestro Extorsivo y acusa a Orlando Barrantes de ordenar la retención de los policías, de mantenerlos bajo un cisterna y luego de negociar con el gobierno hace un intercambio de retenidos. O sea, para la Fiscalía hay tres momentos importantes en los hechos del 12 de diciembre, que son el fundamento central de la denuncia penal y debe de demostrar, sin el menor asomo de duda, la participación comprobada de Orlando Barrantes:
1-) La multitud retiene a los policías.
2-) La multitud negocia con el gobierno el intercambio de retenidos y,
3-) Se produce el intercambio de los retenidos.

Rotunda y categóricamente afirmamos que Orlando Barrantes no se encontraba en el lugar de los acontecimientos y que no tuvo absolutamente ninguna participación en los hechos que se le imputan.

Si Orlando Barrantes no se encontraba en el lugar cuando la multitud retiene a los policías, según declaración de los mismos policías; si Orlando Barrantes no negocia nada con el gobierno según lo han declarado las mismas autoridades de Seguridad Pública y del Ministerio de la Presidencia y si Orlando Barrantes nunca tuvo la menor participación en el intercambio de retenidos, ¿porque lo llevan a juicio?.
Es este entonces un juicio político, como lo afirman importantes organizaciones sociales?.