El próximo lunes 22 de febrero el Ministerio Público y la Fiscalía de la República de Costa Rica llevan otra vez a juicio (ya van cinco veces) a Orlando Barrantes por hechos sucedidos hace 10 años. Lo acusan de amarrar cinco policías durante una huelga y de retenerlos varias horas y luego arreglar un intercambio de rehenes con el gobierno. Eso lo califica el Ministerio Público y la Fiscalia como secuestro extorsivo, con pena de hasta 60 años de cárcel, según el Código Procesal Penal.
Los cargos son falsos. Orlando Barrantes nunca participó en esos hechos ni estaba presente en el lugar.
La acusación es política. Cualquiera puede leer la acusación original. El Ministerio Público y la Fiscalía insisten, y han sido muy reiterativos en los debates realizados durante los diferentes juicios a que ha sido sometido, en su condición de dirigente social. Lo acusan de organizar a las personas para que exijan sus derechos ante el gobierno, como si la Constitución Política no resguardara ese derecho legítimo que tenemos los costarricenses. Para el Ministerio Público costarricense es un delito protestar, es un delito quejarse ante el gobierno, es un delito pedir soluciones reales para la gente pobre. Ninguna razón válida tiene el Ministerio Público para acusar a Orlando Barrantes y mucho menos para pedir cárcel para su persona.
Pareciera que lo que busca el Ministerio Público y su Fiscalía, al igual que en el caso del compañero Carlos Arguedas, también llevado a juicio la próxima semana en Siquirres, es meterle miedo a las personas para que no defiendan sus derechos. Lo que buscan es “sentar” precedentes, como si no viviéramos en un estado costarricense cuya fortaleza es más bien, históricamente, el derecho que hemos tenido para opinar, para hablar, para expresar disidencias, para protestar.
El Ministerio Público y su Fiscalía basan su horror jurídico en el falso testimonio de dos policías, uno abogado y el otro jefe policial, quienes intentan tapar sus propios e inexcusables errores del día de los hechos lanzando cortinas de humo y queriendo desviar hacia el compañero Orlando la atención de sus actos irresponsables, como lo vamos a demostrar durante el juicio.
El Ministerio Público, en cambio, ignora la abundante y sólida prueba testimonial que brindan importantes funcionarios públicos quienes aseguran vehemente que Orlando Barrantes no tuvo nada que ver con los hechos relacionados con el juicio.
Vamos a demostrar con prueba incuestionable la equivocada posición del Ministerio Público y la Fiscalía, para terminar de una vez por todas con 10 años de persecución inexcusable en un estado de derecho como el costarricense.
El anterior es el contexto exacto del juicio. No hay otro.
En un juicio anterior Orlando Barrantes fue condenado a dos años de cárcel, recalificando los jueces el delito de secuestro extorsivo a privación de libertad. Por mala asesoría jurídica y la no presentación de algunos testigos claves, Orlando Barrantes tuvo una pésima, malísima defensa. Esa fue nuestra “culpa”, que estamos corrigiendo en este nuevo proceso.
Posterior a la condena de Orlando, la Fiscalía recurrió a Casación, instancia superior que anuló el juicio y la condena y ordenó realizar uno nuevo. Este es el que inicia el lunes 22. Un recurso de apelación ante esa instancia presentado por la defensa de Orlando, con nueva y precisa prueba testimonial, ni siquiera lo conoció la Sala Tercera, a pesar del resolución con acatamiento obligatorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de las segundas instancias.
Ayer martes 16 se llevó a cabo una reunión con los dos abogados de nuestra defensa y elaboramos una estrategia precisa basada en la abundante prueba testimonial a favor de Orlando Barrantes.
El resultado de esta reunión de ayer fue bastante positivo, y nos llena de optimismo. Se decidió entre otras cosas que Orlando y el equipo de personas que lo acompañamos, se dedique a tiempo completo a garantizar los testigos de la defensa, que están dispersos entre San José y la zona atlántica.
A diferencia de otros años, en donde existían conflictos sociales, como en el 2000 en el que se dan los hechos que provocan el juicio (combo del ICE, movilizaciones campesinas, etc), y el año en que lo condenan 2007 (en medio de la lucha contra el TLC), hay que reconocer que ya no hay sobre el juicio la presión política de entonces (aunque nunca se sabe, la verdad). El problema aquí pareciera que es el Ministerio Público y su Fiscalía, para los cuales no hay contexto ni razones que valgan.
El principio penal que establece que ante duda razonable no se puede condenar al imputado (indubio pro reo), junto con la prueba que estaremos aportando durante el debate, son los dos elementos sobre la que los jueces deben basar una absolutoria clara y contundente.
Hacemos un llamado vehemente para que ustedes y sus organizaciones nos comuniquemos con respeto con el Licenciado Francisco Dallanesse, Fiscal General de la República, para que conozca de este caso y nos reciba en audiencia antes del lunes 22 de febrero.
Estamos seguros de que el Fiscal General pondrá mucha atención a nuestros argumentos, especialmente porque hay un aspecto de fondo en este juicio sobre el que ni el Ministerio Público ni la Fiscalia se han pronunciado y ni siquiera aparentemente valorado: cualquier proceso penal resuelto del año 2004 para acá es nulo, porque existe un desacato del Estado costarricense a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre recursos de apelación (segunda instancia). El asunto es más grave aún en el caso de Orlando Barrantes: su recurso de apelación presentado a la Sala Tercera ni siquiera fue conocido por ese órgano, irrespetando en forma concreta y especifica esta resolución de la Corte Interamericana.
Ante este panorama, ahora podemos afirmar con toda seguridad que el juicio en contra de Orlando Barrantes que inicia el 22 de febrero está viciado de nulidad.
La confianza y fortaleza con que estamos enfrentando este nuevo juicio se basa sin duda en el enorme apoyo que estamos recibiendo de la gente acá en la zona atlántica y en todo el país, esa gente con la que hemos dado luchas para que viva en casas decentes, de esa gente que vive en las comunidades que han estado con nosotros en defensa del derecho a la salud pública, de los trabajadores bananeros afectados por el nemagón que durante 30 años nadie los escuchó, de los indígenas que trabajan en la defensa de sus derechos de acuerdo a lo que establece el Convenio 169 de OIT y la Resolución de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, de las artesanas que luchan día a día por su sustento, de los jóvenes que participan en nuestros programas por una vida mejor y por oportunidades de empleo, de las mujeres y niños y niñas que son víctimas de agresión física y psicológica, de los agricultores que tiene ya su parcela. En fin, de la gente más necesitada de nuestro país.
Y también nos da mucha fortaleza y confianza tener siempre presente la más absoluta seguridad de que Orlando Barrantes jamás cometió ese delito de secuestro extorsivo por el que lo acusa y persigue despiadadamente el Ministerio Público y su Fiscalía desde hace 10 años.
Orlando Barrantes no tiene nada de que avergonzarse en este caso, sino más bien estamos convencidos de que, al igual que el compañero Carlos Arguedas, Orlando está siendo llevado a juicio porque defiende la causa de los más pobres, de los desprotegidos, del ambiente, de los que no tienen voz, de los que sufren por su pobreza.
Comité de Apoyo (Equipo Coordinador)
José Daniel Corrales
Dorian Valladares
Eugenia Madrigal
Hugo Vargas
Mauricio Barquero
Gerardo Soto
8897 7235 8856 6792 88119743 8863 1556
Costa Rica, 17 de febrero 2010
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