Reclamamos la anulación del juicio al dirigente sindical
Orlando Barrantes
Señor Fiscal General de la República de Costa Rica
Licenciado Francisco Dalanese
Los abajo firmantes nos dirigimos a ustedes a los efectos de solicitar que el juicio al dirigente sindical Orlando Barrantes, que se realizará el 22 de febrero, sea anulado.
Basamos este pedido en todos los antecedentes con que contamos de todo el proceso judicial y en el conocimiento de la trayectoria intachable de Orlando Barrantes como un luchador de los derechos sindicales y humanos de Costa Rica.
Ya tuvo que ser anulado un juicio anterior y ahora se realiza uno nuevo que sigue sosteniendo acusaciones sin sustento sobre Barrantes. Se trata de otro caso de criminalización de la protesta que recorre todo el mundo y, en especial, Latinoamérica.
Con este tipo de acusaciones falsas se pretende acallar a los que hacen reclamos por sus derechos salariales o de contratación colectiva. Se busca, de hecho, limitar o acabar con el derecho de huelga.
Por todo esto, solicitamos la inmediata y definitiva anulación de los cargos y del juicio a Orlando Barrantes.
Venezuela: Orlando Chirino, Emilio Bastidas (Dirigentes Nacionales de C-CURA, corriente clasista de la UNT -Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela-)
José Bodas (Secretario General de la Federación Petrolera de Venezuela)
Miguel Angel Hernández y Armando Guerra (Dirigentes Nacionales de la Unidad Socialista de Izquierda-USI)
Brasil: Joao Batista Araujo “Baba” y Silvia Santos (Dirigentes Nacionales de la de la Comisión Ejecutiva del PSOL y de la CST)
Perú: Enrique Fernández Chacón (ex diputado nacional y constituyente de Perú, dirigente nacional de Uníos en Lucha-UIT-CI)
Panamá: Priscila Vásquez, dirigente de PTP, Partido de los Trabajadores de Panamá.
Argentina: Liliana Olivero- Diputada por Córdoba- Izquierda Socialista
Rubén Sobrero, Edgardo Reynoso Comisión de Reclamos Cuerpo de Delegados ferroviarios, TBA Sarmiento.
Isabel Guzmán, delegada SUTEBA (Sindicato Docentes Buenos Aires) General Sarmiento.
Angélica Lagunas-comisión directiva ATEN Neuquén, por la minoría.
Graciela Calderón- Comisión Directiva SUTEBA La Matanza, por la minoría.
Marcela Almeyda, Miembro Comisión Interna del INDEC (ATE, Asociación Trabajadores del Estado).
Aldo Videla- Comisión Directiva Unión Obrera Gráfica de Córdoba.
Mónica Méndes- Comisión Directiva CICOP (Gremial de Médicos de Provincia de Buenos Aires).
Armando Aligia-delegado general comisión interna Centro Atómico Bariloche, ATE Río Negro.
Victor Garay- Comisión Interna ex Hospital Francés, Sanidad Capital.
Viviana Carranza, Nelsa Bou Abdo - Congresales por la oposición Foetra (telefónicos) Bs. As.
José Castillo (Comisión Directiva, Asociación Gremial Docente - Ciencias Sociales – UBA y dirigente nacional de Izquierda Socialista
Juan Carlos Giordano, director del periódico El Socialista
Miguel Sorans, dirigente nacional de Izquierda Socialista y de la Unidad Internacional de Trabajadores.
viernes, 19 de febrero de 2010
miércoles, 17 de febrero de 2010
Compañeras, compañeros, en Costa Rica y en donde se encuentren:
El próximo lunes 22 de febrero el Ministerio Público y la Fiscalía de la República de Costa Rica llevan otra vez a juicio (ya van cinco veces) a Orlando Barrantes por hechos sucedidos hace 10 años. Lo acusan de amarrar cinco policías durante una huelga y de retenerlos varias horas y luego arreglar un intercambio de rehenes con el gobierno. Eso lo califica el Ministerio Público y la Fiscalia como secuestro extorsivo, con pena de hasta 60 años de cárcel, según el Código Procesal Penal.
Los cargos son falsos. Orlando Barrantes nunca participó en esos hechos ni estaba presente en el lugar.
La acusación es política. Cualquiera puede leer la acusación original. El Ministerio Público y la Fiscalía insisten, y han sido muy reiterativos en los debates realizados durante los diferentes juicios a que ha sido sometido, en su condición de dirigente social. Lo acusan de organizar a las personas para que exijan sus derechos ante el gobierno, como si la Constitución Política no resguardara ese derecho legítimo que tenemos los costarricenses. Para el Ministerio Público costarricense es un delito protestar, es un delito quejarse ante el gobierno, es un delito pedir soluciones reales para la gente pobre. Ninguna razón válida tiene el Ministerio Público para acusar a Orlando Barrantes y mucho menos para pedir cárcel para su persona.
Pareciera que lo que busca el Ministerio Público y su Fiscalía, al igual que en el caso del compañero Carlos Arguedas, también llevado a juicio la próxima semana en Siquirres, es meterle miedo a las personas para que no defiendan sus derechos. Lo que buscan es “sentar” precedentes, como si no viviéramos en un estado costarricense cuya fortaleza es más bien, históricamente, el derecho que hemos tenido para opinar, para hablar, para expresar disidencias, para protestar.
El Ministerio Público y su Fiscalía basan su horror jurídico en el falso testimonio de dos policías, uno abogado y el otro jefe policial, quienes intentan tapar sus propios e inexcusables errores del día de los hechos lanzando cortinas de humo y queriendo desviar hacia el compañero Orlando la atención de sus actos irresponsables, como lo vamos a demostrar durante el juicio.
El Ministerio Público, en cambio, ignora la abundante y sólida prueba testimonial que brindan importantes funcionarios públicos quienes aseguran vehemente que Orlando Barrantes no tuvo nada que ver con los hechos relacionados con el juicio.
Vamos a demostrar con prueba incuestionable la equivocada posición del Ministerio Público y la Fiscalía, para terminar de una vez por todas con 10 años de persecución inexcusable en un estado de derecho como el costarricense.
El anterior es el contexto exacto del juicio. No hay otro.
En un juicio anterior Orlando Barrantes fue condenado a dos años de cárcel, recalificando los jueces el delito de secuestro extorsivo a privación de libertad. Por mala asesoría jurídica y la no presentación de algunos testigos claves, Orlando Barrantes tuvo una pésima, malísima defensa. Esa fue nuestra “culpa”, que estamos corrigiendo en este nuevo proceso.
Posterior a la condena de Orlando, la Fiscalía recurrió a Casación, instancia superior que anuló el juicio y la condena y ordenó realizar uno nuevo. Este es el que inicia el lunes 22. Un recurso de apelación ante esa instancia presentado por la defensa de Orlando, con nueva y precisa prueba testimonial, ni siquiera lo conoció la Sala Tercera, a pesar del resolución con acatamiento obligatorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de las segundas instancias.
Ayer martes 16 se llevó a cabo una reunión con los dos abogados de nuestra defensa y elaboramos una estrategia precisa basada en la abundante prueba testimonial a favor de Orlando Barrantes.
El resultado de esta reunión de ayer fue bastante positivo, y nos llena de optimismo. Se decidió entre otras cosas que Orlando y el equipo de personas que lo acompañamos, se dedique a tiempo completo a garantizar los testigos de la defensa, que están dispersos entre San José y la zona atlántica.
A diferencia de otros años, en donde existían conflictos sociales, como en el 2000 en el que se dan los hechos que provocan el juicio (combo del ICE, movilizaciones campesinas, etc), y el año en que lo condenan 2007 (en medio de la lucha contra el TLC), hay que reconocer que ya no hay sobre el juicio la presión política de entonces (aunque nunca se sabe, la verdad). El problema aquí pareciera que es el Ministerio Público y su Fiscalía, para los cuales no hay contexto ni razones que valgan.
El principio penal que establece que ante duda razonable no se puede condenar al imputado (indubio pro reo), junto con la prueba que estaremos aportando durante el debate, son los dos elementos sobre la que los jueces deben basar una absolutoria clara y contundente.
Hacemos un llamado vehemente para que ustedes y sus organizaciones nos comuniquemos con respeto con el Licenciado Francisco Dallanesse, Fiscal General de la República, para que conozca de este caso y nos reciba en audiencia antes del lunes 22 de febrero.
Estamos seguros de que el Fiscal General pondrá mucha atención a nuestros argumentos, especialmente porque hay un aspecto de fondo en este juicio sobre el que ni el Ministerio Público ni la Fiscalia se han pronunciado y ni siquiera aparentemente valorado: cualquier proceso penal resuelto del año 2004 para acá es nulo, porque existe un desacato del Estado costarricense a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre recursos de apelación (segunda instancia). El asunto es más grave aún en el caso de Orlando Barrantes: su recurso de apelación presentado a la Sala Tercera ni siquiera fue conocido por ese órgano, irrespetando en forma concreta y especifica esta resolución de la Corte Interamericana.
Ante este panorama, ahora podemos afirmar con toda seguridad que el juicio en contra de Orlando Barrantes que inicia el 22 de febrero está viciado de nulidad.
La confianza y fortaleza con que estamos enfrentando este nuevo juicio se basa sin duda en el enorme apoyo que estamos recibiendo de la gente acá en la zona atlántica y en todo el país, esa gente con la que hemos dado luchas para que viva en casas decentes, de esa gente que vive en las comunidades que han estado con nosotros en defensa del derecho a la salud pública, de los trabajadores bananeros afectados por el nemagón que durante 30 años nadie los escuchó, de los indígenas que trabajan en la defensa de sus derechos de acuerdo a lo que establece el Convenio 169 de OIT y la Resolución de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, de las artesanas que luchan día a día por su sustento, de los jóvenes que participan en nuestros programas por una vida mejor y por oportunidades de empleo, de las mujeres y niños y niñas que son víctimas de agresión física y psicológica, de los agricultores que tiene ya su parcela. En fin, de la gente más necesitada de nuestro país.
Y también nos da mucha fortaleza y confianza tener siempre presente la más absoluta seguridad de que Orlando Barrantes jamás cometió ese delito de secuestro extorsivo por el que lo acusa y persigue despiadadamente el Ministerio Público y su Fiscalía desde hace 10 años.
Orlando Barrantes no tiene nada de que avergonzarse en este caso, sino más bien estamos convencidos de que, al igual que el compañero Carlos Arguedas, Orlando está siendo llevado a juicio porque defiende la causa de los más pobres, de los desprotegidos, del ambiente, de los que no tienen voz, de los que sufren por su pobreza.
Comité de Apoyo (Equipo Coordinador)
José Daniel Corrales
Dorian Valladares
Eugenia Madrigal
Hugo Vargas
Mauricio Barquero
Gerardo Soto
8897 7235 8856 6792 88119743 8863 1556
Costa Rica, 17 de febrero 2010
lunes, 15 de febrero de 2010
Proceso contra Orlando Barrantes
El próximo lunes 22 de febrero de 2010 se inicia el sexto proceso en su contra en el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Guápiles.
ESTE PROCESO NO ES UN ERROR, ES UN HORROR.
En materia penal se debe individualizar y demostrar sin mayor asomo de duda la participación del acusado en los hechos que se le imputan para poder condenarlo. Si esta máxima jurídica es cierta, este proceso contra Orlando Barrantes es un horror judicial, y debe de llamar la atención nacional e internacional porque Costa Rica se promociona como una de las democracias más consolidadas del mundo. La Fiscalía General de República y la Corte Suprema de Justicia están en el deber de dar seguimiento hasta el final a este proceso porque aquí se está frente a denuncias mal fundamentadas, procesos de recolección de pruebas ilegítimos, procedimientos de reconocimientos inexistentes y una cadena de desaciertos que no concuerdan con el objetivo de buscar la justicia pronta y cumplida.
El sistema judicial muestra fallas históricas irreparables. El caso más sonado es el del laureado escritor nacional José León Sánchez, quien fue acusado de un grave delito en 1952, pasó más de veinte años en la cárcel y no fue sino hasta 1999 que la Corte Suprema de Justicia dictó una resolución en donde lo absuelve de toda pena y responsabilidad.
En el caso de Orlando Barrantes, la Fiscalía utiliza en su denuncia términos que denotan una clara intención política para desacreditar ante los ojos de los jueces la figura de Orlando Barrantes. Así, pretende lanzar una cortina de humo contra la verdadera acusación, en cuyos hechos concreto Orlando Barrantes no tuvo absolutamente ninguna participación. Hay que leer esa denuncia. Está escrita bajo una intensa movilización social y los fiscales acusadores pierden la objetividad e intentan fundamentarla con criterios políticos. El OIJ nunca desarrolló ninguna investigación. Las pruebas son manipuladas como en el caso del vídeo o del todo falsas como la declaración de jefes y abogados policiales y un artículo de prensa.
Otras declaraciones de la jerarquía del Ministerio de Seguridad Pública de San José y del Ministerio de la Presidencia, que exoneran a Orlando Barrantes de cualquier responsabilidad, nunca ha sido tomadas en cuenta ni por la Fiscalía ni por los jueces. Porqué razón?.
El proceso judicial se abrió en diciembre de 2000, un año particularmente activo en movilizaciones sociales. En abril de ese año el pueblo costarricense salió a la calle a detener el llamado Combo del ICE, un intento de privatizar una de las instituciones que más progreso y desarrollo ha llevado al país y comunidades pobres en particular. Fue la movilización más grandes desde los tiempos en que los estudiantes se lanzaron a la calle a detener el contrato que le daba a la empresa norteamericana la explotación y exportación del aluminio del Valle de El General, ALCOA, 1970). Luego se sucedieron más reclamos ciudadanos en el transcurso del año.
Incluso, en un hecho que pareciera nadie recuerda, y menos la Fiscalía, un mes antes de lo sucedido en Guápiles, agricultores de la zona se enfrentan con la policía antimotines en Guácimo. Los agricultores reclamaban el pago de pérdidas por inundaciones en sus cosechas, compromiso asumido por el gobierno pero no cumplido.
Ese enfrentamiento creó fuertes rencores y animadversión por el excesivo uso de la fuerza represiva.
Para diciembre de 2000, el gobierno tenía probablemente muy presente hechos como los anteriores. Particularmente el jefe de la policía en Limón sentía que tenia cuentas pendientes con los agricultores. Un grupo exferrocarrileros, exmuelleros, transportistas, campesinos y trabajadores bananeros acuden al llamado de la Federación de Trabajadores Limonenses (FETRAL) para manifestarse solicitando que, en cada caso, el gobierno cumpla acuerdos y compromisos previamente adquiridos. Los manifestantes aparecen en las vías públicas Guápiles, Siquirres y Limón centro. Se producen enfrentamientos entre estos y los policìas antimotines. En Guápiles la refriega es lamentablemente muy intensa, y en medio de la trifulca, un grupo de personas, en forma espontánea y al calor de los enfrentamientos, aparentemente retiene a unos policías que al final de la tarde regresan a sus labores.
Este hecho lo califica la Fiscalía como Secuestro Extorsivo y acusa a Orlando Barrantes de ordenar la retención de los policías, de mantenerlos bajo un cisterna y luego de negociar con el gobierno hace un intercambio de retenidos. O sea, para la Fiscalía hay tres momentos importantes en los hechos del 12 de diciembre, que son el fundamento central de la denuncia penal y debe de demostrar, sin el menor asomo de duda, la participación comprobada de Orlando Barrantes:
1-) La multitud retiene a los policías.
2-) La multitud negocia con el gobierno el intercambio de retenidos y,
3-) Se produce el intercambio de los retenidos.
Rotunda y categóricamente afirmamos que Orlando Barrantes no se encontraba en el lugar de los acontecimientos y que no tuvo absolutamente ninguna participación en los hechos que se le imputan.
Si Orlando Barrantes no se encontraba en el lugar cuando la multitud retiene a los policías, según declaración de los mismos policías; si Orlando Barrantes no negocia nada con el gobierno según lo han declarado las mismas autoridades de Seguridad Pública y del Ministerio de la Presidencia y si Orlando Barrantes nunca tuvo la menor participación en el intercambio de retenidos, ¿porque lo llevan a juicio?.
Es este entonces un juicio político, como lo afirman importantes organizaciones sociales?.
jueves, 11 de febrero de 2010
Orlando Barrantes a juicio
Orlando Barrantes va a juicio el 22 de febrero de 2010.
El ministerio público lo acusa de secuestro extorsivo en perjuicio de cuatro policías y se pide una pena de cárcel de hasta 60 años
El juicio se llevará a cabo en el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de
Queremos compartir con ustedes nuestra profunda preocupación ya que el juicio contra Orlando Barrantes, Secretario General de nuestro sindicato CONATRAB, parece inscribirse en una tendencia del Estado costarricense, reforzada por la modificación al Código Penal, para criminalizar los reclamos sociales de los ciudadanos costarricenses.
Estos son algunos ejemplos recientes:
· Caso del exdiputado Célimo Guido y otros, condenado en juicio de reenvío por los acontecimientos de protesta social contra el monopolio español de RITEVE, concesionario de la revisión técnica vehicular en Costa Rica, Tribunal de Juicio de San Ramón de Alajuela.
· Caso de las familias campesinas de Bambuzal que acudieron por su propia iniciativa a los estrados judiciales agrarios para hacer valer sus derechos de posesión y luego fueron encausadas paralela y fraudulentamente en la vía penal.,
· Caso de familias campesinas de la localidad de Medio Queso en Los Chiles de Alajuela, las cuales igualmente han sido violentamente desalojadas y encarceladas por los tribunales penales de Ciudad Quesada.
El primer juicio contra Orlando fue anulado en julio del año 2005. Hizo mucho daño en ese proceso el falso testimonio de dos de los policías, uno de ellos exjefe de los antimotines y el otro un abogado de
En el caso de Orlando es muy preocupante por la gravedad del delito que se le achaca y la eventual pena que podría sufrir. En su caso, no habría posibilidades de libertad condicional.
El compañero Orlando Barrantes desea hablar personalmente con las organizaciones y dirigentes, para explicar con detalle todos los aspectos irregulares de este juicio injusto e ilegal.
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